La reforma política de 2003: menos partidos, ¿más democracia?

Por Armando Novoa García*

Las miserias de nuestra guerra siguen copando la atención de la opinión pública. Sin embargo, vale detenerse por un momento en temas que están ahí, a la espera de algún tipo de solución para el bien de nuestra precaria democracia.

Uno de ellos es la reforma política. Llegaremos a las elecciones de octubre sin ningún cambio significativo, luego de los episodios de la “parapolítica”. Las reformas que se intentaron durante la legislatura del primer semestre, tanto el proyecto de acto legislativo como los cambios a la ley 130 de 1994 estatutaria de los partidos políticos, se hundieron en la última semana de sesiones en el Congreso. Las amenazas del fraude, la manipulación de los votantes, y la coacción de los grupos armados, siguen predominando en el escenario de la política electoral.

El hundimiento de la reforma política “para blindar las elecciones”, puede ser una circunstancia propicia para evaluar qué pasó con la reforma constitucional del año 2003. Como se sabe, esta reforma cambió algunos aspectos de la Constitución de 1991.

El Acto Legislativo de 2003, precariamente reglamentado por el Congreso, introdujo varias modificaciones, la mayoría de ellos orientados a contrarrestar la atomización electoral y la desorganización de los partidos. Figuras como la lista única por partido o movimiento, el umbral electoral y la cifra repartidora, tenían como propósito lograr la agrupación política y, mejorar y hacer más transparentes las relaciones entre el ejecutivo y el Congreso. Agrupaciones políticas más coherentes y fuertes, facilitarían dejar atrás de negociación al “menudeo” a la que nos tenían acostumbrados los congresistas al momento de votar los proyectos de origen gubernamental  y una mayor transparencia en el esquema de la “gobernabilidad democrática”. Para el efecto, se adoptó por un régimen de funcionamiento en bancadas que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, en algo nos acerca al régimen parlamentario. La reforma introdujo además, el sistema sui generis del “voto preferente opcional”. Este mecanismo facilita la agrupación, sin afectar significativamente el clientelismo individual que se impuso en el período anterior. De otra parte, se reformó la composición del Consejo Nacional Electoral y entregó al Congreso la atribución de elegir a sus integrantes – ahora con la calidad de magistrados– mediante el esquema de la cifra repartidora. Estos son algunos de los más significativos cambios. La proscripción del transfugismo, la posibilidad de adelantar consultas abiertas o internas para escoger candidatos y nuevos principios para la financiación de las campañas, fueron también parte de la reforma.

¿Cuál es el resultado de la reforma?. Al examinar la realidad de lo ocurrido, los balances no pueden ser unívocos. Por un lado, se logró la reducción del número de partidos de cerca de 60 que existían antes a no más de 16 que tienen representación actualmente en el Congreso. En ese aspecto, la reforma ha cumplido su cometido. Sin embargo, no todo marcha en la misma dirección. La agrupación lograda no es sinónimo de una mayor calidad en nuestra democracia. La lista única combinada con el voto preferente generó un nuevo esquema en el cual predomina el más puro y elemental cálculo de aritmética electoral. La agrupación por acuerdos prográmaticas o por modelos de sociedad han sido secundarias. Votaciones en el Congreso como la ley de igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo o sobre la propia reforma política que se debatió en el primer semestre, dejaron ver las fisuras de este nuevo esquema. Los órganos de poder electoral siguen estando en manos de las fuerzas mayoritarias en el Congreso, como si fuera una extensión de los intereses de los políticos tradicionales. La financiación de las campañas continúa allí como un agujero negro en el cual se depositan buena parte de dineros de la corrupción y el tráfico de influencias.

¿Mejoró la reforma, la calidad de la política?; ¿tenemos una relación más transparente e independiente del Congreso frente al ejecutivo?. ¿Cuál ha sido el impacto de la reelección en la reagrupación de los partidos?. ¿Las reglamentaciones que se han expedido han sido adecuadas a los propósitos que inspiraron los cambios? ¿Se han tenido en cuenta las decisiones de la Corte Constitucional sobre algunas de las normas reglamentarias?. ¿La democracia local mejoró?. ¿Qué pasa con la cultura política?. Y, una pregunta más: ¿la nueva reforma deberá partir de una lógica de cambios graduales o, mejor sería pensar en el diseño de cambios de mayor profundidad?. Estas son algunas preguntas que deberían formularse al momento de construir nuevos consensos sobre los cambios institucionales que tendrán que plantearse en el futuro inmediato.

Por lo pronto, es evidente que el impacto de la reforma del 2003 es ambivalente. Estamos lejos aún de lograr un buen sistema partidista y electoral.

* Director Ejecutivo PLURAL