La transparencia en la financiación de la política: el mayor reto en la lucha contra la corrupción en Colombia

Soluciones “para ejercer un eficaz control del los dineros que financiarán las elecciones”

Por Marta Lucía Tamayo Rincón*

La lucha contra la corrupción en el país está determinada, de manera central, por el desarrollo de una institucionalidad que garantice la transparencia y la rendición de cuentas en el financiamiento de la política. El control sobre el origen, monto y destino de los recursos que financian las campañas electorales y los partidos, y las motivaciones e intereses de quienes las financian, determina la calidad de la democracia. La publicidad de tales asuntos es clave en la conformación de decisiones públicas y en la definición del voto.

Gran parte de las condiciones para el funcionamiento y consolidación de la democracia están relacionadas con el voto libre, la libertad de contienda entre distintas candidaturas, la equidad en el acceso y la asignación de recursos para los partidos políticos, la transparencia respecto al origen del dinero de las campañas electorales y la transparencia con que éstos lo administren. La inevitable relación que existe entre dinero, partidos políticos y campañas electorales se ve amenazada por el incremento de la influencia del narcotráfico, el crimen organizado, los grandes grupos económicos, los particulares adinerados, las agencias internacionales, las fundaciones políticas y los fondos secretos, dispuestos a capturar la autonomía de las autoridades políticas en el cumplimiento de sus funciones.

Derivado de lo anterior, del debate sobre la calidad de la democracia y del impacto de las comunicaciones en la sociedad, ha venido en aumento la conciencia pública internacional sobre la importancia de la transparencia en la financiación de la política. En el continente, la Cumbre de las Américas desde su primer foro en 2001 centró su atención en el fomento de la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos políticos, y la Carta Democrática Interamericana destaca la necesidad de prestar atención a los altos costos de las campañas y de aumentar la transparencia de su financiamiento.  A nivel mundial, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (vigente desde 2005) establece el aumento de la transparencia en las elecciones y financiación de los partidos.

Se han señalado los beneficios que trae la publicidad del financiamiento de la política, en cuanto a la calidad del proceso democrático: mejora la calidad de la información para el elector; facilita la identificación de vinculaciones entre políticos y sectores de interés; genera incentivos para evitar conductas corruptas y aumenta sus costos; permite la verificación del cumplimiento de las normas sobre financiamiento; pone obstáculos a la desviación de fondos públicos a favor del partido de gobierno; genera incentivos para el control recíproco de los partidos políticos; y brinda insumos y parámetros para la evaluación de las decisiones de los funcionarios electos (información contenida en Ferreira Rubio Delia. ‘Financiamiento Político: Rendición de Cuentas y Divulgación’. De las normas a las buenas practicas. Editores: Griner y Zovatto. OEA e IDEA, San José - Costa Rica. 2004).

En Colombia, la evidencia del fuerte influjo del paramilitarismo y el narcotráfico en las elecciones de 1994, 2002 y 2003, y las sospechas de ingreso de dineros ilícitos en las parlamentarias de 2006, ha disparado las alertas para las próximas elecciones territoriales. Los riesgos se ven incrementados por la incapacidad del Estado y la debilidad de la mayoría de los partidos para tener bajo control el origen y el volumen de los dineros que financiarán las elecciones, y por el alto número de campañas a celebrarse. En este sentido, el papel de los medios de comunicación cobra marcada importancia para posibilitar ciertos niveles de transparencia e informar a la opinión pública sobre donantes y para denunciar infiltración de dineros ilícitos.

Las condiciones institucionales no son favorables para enfrentar los riesgos de influencia indebida en las elecciones de octubre de 2007. No son las condiciones que ofreció la ley de garantías en las presidenciales.  En éstas, se prohibió la contribución de las personas jurídicas; se limitó el monto de las donaciones de las personas naturales al 2% del valor de gastos permitidos; se introdujo la cuenta bancaria única; se estableció la responsabilidad solidaria del candidato, tesorero, gerente y auditor de la campaña por la oportuna presentación de los informes y el cumplimiento del régimen de financiación; y se entregó por anticipado la financiación estatal para las campañas.

Pero las campañas para cuerpos colegiados, alcaldes y gobernadores continúan sin controles efectivos del Estado y de los partidos.  Los dineros de estas campañas son manejados por fuera de la estructura de los partidos y no tienen límites las donaciones.

Avanzar en la transparencia en el financiamiento de la política en Colombia requiere enfrentar, además del fuerte influjo de las mafias en el Estado, a través de la cooptación de funcionarios y la infiltración de gran número de sus estructuras, mediante el uso de dineros ilícitos, el asesinato y la intimidación, el déficit de responsabilidad de los partidos, su fragmentación y debilitamiento.

Debemos vencer también el poco aprecio por lo público; la debilidad de los mecanismos de control institucional y ciudadano para auditar la veracidad de las cuentas; la inestabilidad jurídica; y la improvisación e inoportunidad con la que se ha venido reglamentando la rendición de cuentas de las elecciones.

Los riesgos que enfrentan las elecciones territoriales de octubre han sido ampliamente señalados por el propio gobierno, por analistas, partidos y organizaciones sociales: influjo del narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, grupos delincuenciales y redes clientelares. Dadas las debilidades institucionales para ejercer un eficaz control del los dineros que financiarán las elecciones, creemos que sólo un compromiso de los partidos para controlar el dinero de las campañas, para visibilizar por anticipado a la ciudadanía los donantes y montos, y para responsabilizarse de las cuentas de las listas, puede afectar la transparencia de las próximas elecciones.

Pasadas las elecciones de octubre, el país no puede continuar dilatando la profundización de la reforma política y la reforma electoral, en especial lo relacionado con el sistema de financiamiento, la rendición de cuentas, la divulgación de las mismas, los órganos de control y el régimen de sanciones. La literatura existente sobre la materia señala como aprendizaje que no hay fórmula para lograr la efectiva transparencia y control de los recursos de las campañas. La imposición de límites y restricciones a las fuentes y montos de ingreso y gasto no evita el ingreso de fondos ilegales, sino va acompañada efectivamente de la más amplia transparencia y el efectivo control institucional y ciudadano.

¿Dada la presencia del narcotráfico en el país, es conveniente la financiación pública de las elecciones? ¿Cuál es el impacto fiscal que esto tiene? ¿De mantener el esquema mixto de financiamiento, se debe limitar el monto de todas donaciones, establecer la cuenta única y el ingreso exclusivo de donaciones a los partidos? ¿Cómo desalentar el aumento de los costos de las campañas? ¿Qué estímulos deben darse a los partidos para que por anticipado visibilicen a la ciudadanía sus donantes? ¿Cómo estimular a los donantes a que hagan transparente sus aportes e intereses? ¿Cómo fortalecer la independencia de las autoridades electorales? Estas son algunas preguntas que estarán presentes en el debate sobre la reforma electoral. El CNE debe ser fortalecido para que tenga la capacidad de controlar las cuentas de los partidos, en tiempo real y con posterioridad a la rendición de cuentas y debe garantizar la visibilidad de los informes que rinden los partidos sobre el origen, monto y gasto de los recursos para su funcionamiento ordinario y para el desarrollo de las elecciones.

Otros temas del rediseño institucional están relacionados con el reequilibrio entre los poderes del Estado; el fortalecimiento del control político de los cuerpos colegiados; el fortalecimiento de los partidos, el sistema de bancadas y su capacidad para administrar bajo su responsabilidad las cuentas ordinarias y de elecciones; el ajuste en la regulación del conflicto de intereses de congresistas; y la expedición de una ley de cabildeo.

* Transparencia por Colombia