Las elecciones regionales en alto riesgo

Por Pedro Santana Rodríguez*
                                     
Las elecciones que se realizarán el próximo 28 de Octubre enfrentan un alto riesgo de irregularidades por varias razones. En primer lugar se encuentra la amenaza de los grupos armados ilegales que tienen lógicas totalmente opuestas. En segundo lugar por las fuentes de financiamiento y en tercer lugar por un marco jurídico totalmente obsoleto que rige desde antes de la Constitución de 1991.

Mientras los grupos paramilitares ejercen la coacción armada con el propósito de tomar alcaldías y gobernaciones, como ya lo hicieron con éxito en el año 2003, según lo revelan las investigaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, las guerrillas asesinan concejales y alcaldes, intimidan a la población y debilitan la democracia local.

La infiltración paramilitar comprometió según las investigaciones de la Corporación Nuevo Arco Iris y de la investigadora Claudia López a cerca de 12 departamentos y 250 municipios del país en las elecciones regionales de 2003. Las elecciones a Congreso del año 2002 fueron afectadas por un fraude masivo que el Consejo de Estado tasó en un poco más del 10% del total de los votos depositados en aquellas elecciones (más de un millón cien mil votos). En aquellas elecciones según el fallo del Consejo de Estado se presentó un fraude masivo por suplantación de electores, modificación de resultados en los formularios de la registraduría, conformación de distritos electorales ilegales en los cuales se coaccionó a los electores por parte de los grupos paramilitares, etc. Sobre todas estas fallas ni el gobierno ni los partidos políticos han actuado. Recientemente en medio de una irresponsabilidad política sin nombre los partidos políticos de la coalición de gobierno hundieron una reforma constitucional y una reforma legal que buscaba blindar en parte el proceso electoral.

Lo que queremos indicar aquí es que las elecciones próximas se realizarán sin que se superen las prácticas y los métodos que se emplearon en las tres últimas elecciones. Las medidas que ha tomado el registrador nacional del estado civil, Juan Carlos Galindo, caminan en la dirección acertada pero son ampliamente insuficientes puesto que la registraduría no cuenta ni con los mecanismos legales ni con los mecanismos coactivos que disuadan a los responsables del fraude, de la intimidación o del terror. En el sur del país la intimidación corre por cuenta de las FARC, sobre todo en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila y Nariño en donde se ejerce violencia e intimidación en contra de concejales y alcaldes. Lo que han logrado en las últimas elecciones en que han decretado el “boicot” electoral ha sido el de un aumento impresionante en los niveles de la abstención electoral que superan ampliamente el 70% del potencial electoral en estos municipios y departamentos. Las elecciones entonces se realizarán en medio de las presiones paramilitares en el norte y oriente del país y en medio de las amenazas contra los candidatos en la región sur del país.

El segundo factor es el que tiene que ver con la financiación de las campañas electorales. La presencia de dineros provenientes del narcotráfico y del paramilitarismo define en muchas regiones del país el triunfo de determinados candidatos y partidos. La legislación es permisiva, la impunidad campea, la justicia es lenta, etc. todo ello contribuye a que triunfe lo que el ex presidente López Michelsen, recientemente fallecido llamaba en las épocas del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, la “dialéctica de las chequeras” solo que ahora a éstas chequeras las alimenta el narcotráfico y el paramilitarismo. Sobre todo esto reina la más completa impunidad en el país.

Finalmente hay que decir que el marco legal es inadecuado tanto en las sanciones contempladas en la legislación penal y disciplinaria como en materia de pérdida de investiduras y castigo a los partidos. Algunos correctivos estaban en los proyectos que la coalición de gobierno hundió en la pasada legislatura.            

Frente a todo esto nos queda la fuerza de la sociedad civil que desplegara por primera vez una observación electoral masiva en todo el país, 10.000 observador en calle, también será importante la Misión que vendrá de la OEA, siempre y cuando lo haga con suficiente tiempo y en un importante número y las denuncias de los medios de comunicación y de otras entidades y proyectos que buscan la transparencia electoral. De este tamaño es el reto.

*Ciudadano Observador Electoral- MOE y Presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía