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Narcotráfico y poder político I
Por Gustavo Duncan
Como empresa capitalista el narcotráfico no presenta problemas de rentabilidad, de hecho su atractivo es que los precios de venta son de lejos superiores a los costos incurridos. El problema estriba en los riesgos de la empresa: los cultivos están en amenaza constante de ser fumigados, las autoridades pueden decomisar la mercancía, destruir los laboratorios o capturar a los empresarios, y otros empresarios pueden robar mercancías, propiedades o incumplir los pactos. Lo más grave es que las situaciones de riesgo se materializan en muchos casos conducen al asesinato de los empresarios involucrados. De allí que el asunto primordial de la actividad narcotraficante, desde los cultivadores hasta los grandes exportadores de cocaína, sea la búsqueda de mecanismos de protección que generen suficiente certidumbre y reduzcan los riesgos inherentes a la empresa. La organización de mafias que por su capacidad militar están en condiciones de cobrar un tributo a todos los empresarios por recibir protección y garantías en los acuerdos, constituye la forma básica de reducir los riesgos.
El problema de regulación de los empresarios del narcotráfico es resuelto por las mafias por su mayor capacidad de ejecutar violencia, sin embargo este atributo no es suficiente cuando se trata de proteger a los narcotraficantes de las instituciones policivas y judiciales. El poder militar del Estado en su conjunto es de lejos superior al de las organizaciones mafiosas, y la única opción consiste en corromper a instituciones estatales. Pero en el caso colombiano, diversos factores y circunstancias han llevado a la existencia de regiones donde la intervención del Estado está limitada por los poderes y el orden local. En esos escenarios fue posible construir ejércitos irregulares –guerrillas y paramilitares– que no solo estaban en condiciones de proteger a los empresarios de la droga y regular el negocio a manera de mafias, sino también de extender su dominación al resto de la sociedad. Más que utilizar el poder militar para poner ley en asuntos de producción y tráfico de drogas, guerrillas y paramilitares lo utilizaban para imponerse como el Estado local de sociedades fragmentadas, divididas por luchas faccionales y cimentadas sobre redes clientelistas.
Y el narcotráfico era la actividad económica propicia para financiar la ley y el orden de sus expresiones locales del Estado. A diferencia de los empresarios de los productos lícitos de una economía moderna, quienes necesitan de un Estado impersonal, honesto y pacífico, que genere suficiente certidumbre a los mercados, los narcotraficantes requieren de un Estado parcializado, violento y corrupto. Solo de ese modo las autoridades de facto en donde realizan su producción y transacciones no pondrían en riesgo su actividad. Fue así que en las regiones de Colombia donde estaba consolidado un mínimo de capitalismo fundado en la producción de empresarios modernos, el asunto de las drogas no pasó de ser un tema relacionado con lo delincuencial y la corrupción de funcionarios públicos encargados de la persecución antidrogas. Por el contrario, donde no existía suficiente de ese capitalismo, y donde primaba un orden un tanto premoderno de la sociedad, los narcotraficantes contaron con suficientes recursos para consolidar un Estado y un orden social afín a sus intereses.
Además, por la misma característica de la empresa narcotraficante, los empresarios de la droga necesitaban muchos menos volumen de negocios que los empresarios modernos para imponer una forma particular de Estado. La diferencia entre precios y costos en las actividades legales, por su menor nivel de riesgos, solo puede competir con las actividades criminales cuando el volumen de los negocios es muchas veces superior. Es decir, para que la producción legal pudiera imponer un Estado de acuerdo a sus necesidades de regulación de la economía, necesitaba producir varias veces más volumen de capital que sus contrapartes ilegales simplemente porque su rentabilidad era menor. Una forma simple de apreciar las diferencias en el impacto sobre la naturaleza del poder político que tiene el tamaño de la actividad económica de empresarios legales e ilegales, consiste en comparar los efectos que tiene la venta de 100 pesos por cada tipo de empresario. De 100 pesos que vende un empresario legal, por ejemplo un industrial o un agricultor comercial, sus costos son de alrededor de 80 pesos. Le quedan 20 pesos libres para invertir en el control del Estado y en su adecuación a sus necesidades de imparcialidad, honestidad y demás atributos de una regulación moderna de la economía. Supongamos que el empresario legal invierte 4 pesos en ello y deja los restantes 16 como utilidad. En el otro lado, el narcotraficante de cada 100 pesos que vende sus costos son de tan solo 20 pesos, le quedan 80 pesos para invertir en adecuar la forma del Estado a sus necesidades. Como de la disponibilidad de un Estado que proteja sus negocios depende no solo el éxito de sus negocios sino también su supervivencia, los empresarios de la droga están dispuestos a invertir muchos recursos en formas parcializadas, violentas y corruptas de regulación (además el poder coercitivo de guerrillas y paramilitares los obliga a ceder altos porcentajes de sus ingresos). Pongamos que invierten la mitad de sus utilidades, 40 pesos, igual le quedan 40 pesos de ganancia neta. El resultado es contundente: ¡para que los empresarios legales puedan invertir recursos equivalentes a los narcotraficantes en la construcción de un Estado favorable a sus negocios y sus intereses, necesitan producir diez veces más capital!
* Esta columna hace parte de un artículo más extenso sobre los obstáculos que representa el narcotráfico para un proceso de paz en Colombia disponible en la página web de la Fundación Seguridad y Democracia
