Polémica
La caja menor

Hay denuncias de que en Puerto Rico, Meta, el presupuesto de la alcaldía estaría subsidiando una campaña política.

Puerto Rico es un municipio del Meta que vivía de la coca y ahora está aprendiendo cómo sobrevivir sin ella. Su administración municipal tiene un presupuesto anual de 7.000 millones de pesos con los que intentan hacerle el quite a la pobreza, y según algunos de sus habitantes un porcentaje de ellos estaría apalancado una campaña política. 

Varios testimonios grabados por uno de los veedores del pueblo, Henry Romero Rodríguez, dan cuenta de cómo algunos habitantes de este lugar recibieron cemento, tejas, sanitarios o uniformes que salieron del despacho de la Alcaldía, pero entraron a sus casas a nombre de un candidato y previo compromiso de conseguir votos.

“Le solicité al alcalde para hacer un puerto para el verano y quedaron de darme 50 bultos de cemento y unas varillas, se comprometieron el alcalde y Wilson. Porque el que le patrocina la campaña a Wilson es el alcalde. Hay 700 millones para ese negocio”, dice, por ejemplo, una de las grabaciones refiriéndose a Wilson Muñoz, candidato a la alcaldía por el partido Cambio Radical. El mismo movimiento político del actual alcalde Luis Alfonso Suárez Sánchez.

El alcalde Suárez negó a Votebien que el dinero del presupuesto se esté destinando a las campañas y culpa de las denuncias a la oposición “¡Qué pesar! Es muy fácil calumniar a la gente, pero uno no hace eso, no se puede ser tan descarado”. Para el mandatario se trata de las consecuencias de la polarización, pues sólo hay dos candidatos en el municipio. No fue posible conocer la opinión del candidato Muñoz.

El veedor Henry Romero, quién llegó hace año y medio a este cargo seleccionado por la Personería Municipal y quien niega cualquier interés político en el asunto, ya colocó la denuncia de las supuestas irregularidades ante la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía. Aún no hay una decisión judicial o disciplinaria al respecto.

En la decena de testimonios recopilados por el veedor en diferentes lugares del municipio, también se menciona a intermediarios que les exigen conseguir personas para las reuniones políticas a cambio de permisos de funcionamiento o arreglos de vías. Incluso, se acusa a secretarios de la administración de servir de mensajeros del candidato.

Una de las denuncias se refiere a un contrato que firmó la Alcaldía para la construcción de 17 baños a familias de escasos recursos económicos. Supuestamente, la condición que debían llenar las familias beneficiadas, era comprometer su voto y el de toda su familia. “Me dijeron que debía hacerle un almuerzo al candidato como agradecimiento y tenía que ir a todas las reuniones del político”, asegura una de los quejosos en este caso.

Otras acusaciones hablan de la entrega de cemento y tejas, o de uniformes de colegio con el logo de la Alcaldía, siempre a nombre del candidato Muñoz. También se hace referencia a las mesadas que llegan al municipio por el Plan Casabe, un programa de la Gobernación del Meta para atender a la población vulnerable.

El alcalde aseguró a Votebien que el rumor sobre la supuesta entrega “a diestra y siniestra” de las remesas del Plan Casabe era una mentira. Aseguró que fueron representantes de la Gobernación quienes repartieron los mercados y su administración no tuvo nada qué ver con la selección de las familias beneficiadas.  Sobre las otras acusaciones, dijo que ni siquiera las conoce y espera que le sean notificadas.

Romero insiste en que materiales que debían ser utilizados para otras obras ya contratadas, como el mejoramiento de viviendas, por 76 millones de pesos ó el relleno de los aproches del puente sobre el Caño Alejandrino, por 47 millones de pesos, no se han hecho. La pregunta del veedor es “¿dónde están esos materiales?”. Mientras esto se resuelve debió salir de Puerto Rico, según el, porque tiene problemas de seguridad a raíz de sus denuncias. 

Puerto Rico es un municipio muy vulnerable, con una economía débil y aún enfrentándose a las secuelas del conflicto. Cualquier peligro que tengan sus escasas finanzas debe ser investigado por las autoridades, que será quienes finalmente dirán si están siendo bien o mal usadas.