Directoria del Observatorio de Conflicto Armado, de la Corporación Nuevo Arco Iris.
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Octubre de 2007: la repetición
de una tragedia histórica
Por Laura Bonilla
Durante años, los colombianos hemos vivido
bajo el influjo de un acuerdo consentido: aceptábamos en casi todos los sectores
la existencia de un conflicto armado de larga duración con dolorosas
consecuencias para la vida nacional, pero nunca pudimos llegar a aceptar que
algo se encontraba mal con la democracia más antigua del continente.
Pocas personas entraban a analizar el impacto real de ese conflicto en
los procesos electorales, o en la constitución del estado a partir de la
constitución de 1991 que inauguró formalmente el proceso de descentralización
del país.
Desafortunadamente fue hasta hace un par de años que el
problema comenzó a estudiarse en su justa dimensión, ligado a lo que se ha
conocido como el escándalo de la “parapolítica”; hasta ese momento se develaron
públicamente las prácticas – que aunque hayan sido normalizadas en las regiones
– ponen en altísimo riesgo estos comicios regionales de octubre del presente
año.
Como se ha mencionado en varios documentos o trabajos son
diferentes tipos de riesgo los que amenazan las elecciones regionales, pero tal
vez el más delicado es la permanencia de las alianzas entre poderosos clanes
regionales, mafias electorales y grupos al margen de la ley, independientemente
de sus particulares niveles de influencia o con cuántos hombres cuentan. Es muy
posible que el fenómeno de la parapolítica como se conoció en la Costa Atlántica
tienda a mostrar este año un comportamiento más estable, lo cual no quiere decir
que desaparezca, ni que sea menos grave, pero los estudios recientemente
publicados por la Misión de Observación Electoral, construidos por varias
organizaciones y universidades muestran la potencial tendencia del fenómeno a
expandirse a zonas del país donde anteriormente no era posible leer su
presencia.
Llama la atención que la mayor parte de los riesgos se
trasladen a zonas del país menos pobladas pero igualmente ricas, como el caso
del corredor de movilidad existente entre los departamentos de Casanare y
Guaviare, lugares en los cuales el grupo armado – derivado de las antiguas AUC –
al mando de alias “Cuchillo” cita reuniones con candidatos, establece
directrices, e incluso pone condiciones para el ejercicio electoral.
En
la zona norte, la situación política ha obligado que mafias electorales tipo
“clan” como los Name y los Char se agrupen alrededor de acuerdos políticos, que
Alfonso Campo se una con Luis Eduardo Vives y Jorge Luis Caballero para apoyar
un solo candidato a la gobernación del Magdalena, que la familia Araújo opte por
una novedosa “operación avispa” para sustituir las candidaturas únicas, y la
emergente clase política antioqueña encabezada por Luis Alfredo Ramos juegue a
duplas para tomar nuevamente la gobernación de Antioquia y la Alcaldía de
Medellín. Esto muestra que aunque los jefes de los grupos paramilitares que
operaban en esta región se encuentren recluidos, no ha mermado la intención de
la clase política beneficiaria de continuar con el control de la
institucionalidad pública en el nivel local y regional.
Por otra parte,
en el sur el paisaje está compuesto de aquellos dolorosos hechos que vivió el
país central y poblado a mediados de los noventas: los últimos muestran cómo la
estrategia comienza por eliminación física del adversario político y termina por
el establecimiento de clientelismos armados con el auspicio de las élites
regionales.
Las acciones que se tomen por parte de las instituciones
competentes no serán suficientes para garantizar un ideal de elecciones libres y
democráticas, aunque por supuesto que disminuirán los niveles de riesgo. Sin
embargo, mientras el país no encuentre forma de sancionar políticamente los
clanes, las élites regionales, y sobretodo los partidos políticos que brindaron
el andamiaje electoral para que fuera posible la consolidación de este tipo de
alianzas, no será posible esperar que fenómenos como el clientelismo armado, la
clase emergente derivada de los grupos al margen de la ley, sean superados en
territorio por los procesos electorales honestos y democráticos.
La
sociedad colombiana ha avanzado, pero las alianzas y las manipulaciones
potenciales del fundamento de representación democrática también lo han hecho.
El país no puede continuar en una carrera contra reloj entre quienes hacen la
trampa y quienes tratamos de identificarla, círculo vicioso que nos hace olvidar
que el gran problema es que con cada comicio electoral manipulado la tensión
entre el Estado Central y el Estado de las Regiones crece a niveles asombrosos e
inmanejables. No podemos olvidar que quienes ejercen la mediación entre el
estado y el ciudadano, son los mismos que detentan el poder político a nivel
regional, por ende, si estos últimos se encuentran comprometidos con mafias
electorales o grupos armados al margen de la ley, el territorio que se
construirá tendrá como consecuencia un país cada vez más fragmentado, un
clientelismo perpetuo y unas regiones saqueadas y olvidadas.
Es en el
marco de la construcción de estado regional en Colombia donde se cometió el
grave error de abrir la puerta para la ingerencia de actores armados, no
solamente de grupos armados ilegales, sino de todo tipo de actores para quienes
la utilización de la coerción o el clientelismo tradicional hibridado con las
armas, cumplía propósitos privados sean éstos de un grupo, como de individuos
vinculados a mafias, y es en el marco de esta misma construcción donde estamos
cometiendo el error de no cerrarle la puerta.
Recuerdo casi todos los
días, mientras se aproximan las elecciones, las palabras de un político de San
José del Guaviare, que justificaba la situación con la siguiente frase: “El
señor Cuchillo es un paramilitar distinto, el nunca se ha robado un peso de la
administración pública… todos sus activos los ha ganado honestamente a punta de
narcotráfico”.
Directora
Observatorio Conflicto
Armado
Corporación Nuevo Arcoiris
