Financiación
Inflación electoral

En las campañas electorales se está hablando de costos exuberantes de miles de millones de pesos. Pero la habilidad de candidatos para esconder los gastos y la falta de claridad de las leyes hacen muy difícil conocer las verdaderas dimensiones del gasto electoral.

No es una novedad que en las campañas políticas colombianas los candidatos suelan declarar oficialmente menos recursos de los que realmente gastaron. Los topes legales se sobrepasan con frecuencia. Sin embargo hay en esta campaña electoral una particular distorsión. La ciudadanía está percibiendo una verdadera danza de los millones, que no es acorde ni con el tamaño de las poblaciones, ni con los recursos legales a los que puedan tener acceso normalmente los candidatos A los gastos de algunas campañas políticas hay que mirarlos desde dos caras. ¿Son reales estos multimillonarios costos de los que se hablan, y si lo son, de dónde están saliendo? ¿Qué herramientas legales existen para hacer más transparentes ingresos y egreso de las campañas?

Esas voces que denuncian gastos millonarios vienen de todas las regiones del país. En pequeños municipios como Pesca, en Boyacá, donde apenas votan cuatro mil personas, dicen que la campaña está tasada en 500 millones de pesos. Y en poblaciones más grandes, como Sabana de Torres, en Santander, donde el censo electoral es de 12 mil personas, algunos aspirantes a la Alcaldía suman gastos cercanos a los 1.500 millones de pesos, una cifra que incluso está por encima del tope fijado por la Ley para una campaña de Alcaldía en Bogotá. Es más, según las cifras que se manejan en los mentideros políticos, los principales aspirantes ser alcaldes de la capital no están gastando en realidad más de dos mil millones de pesos cada uno. Entonces ¿cómo puede ser tan costoso llegar a la alcaldía de Sabana de Torres como a la de Bogotá? Son las distorsiones de la esta suerte de inflación de la que está adoleciendo esta campaña electoral.

En algunas capitales, las campañas para alcaldía se calculan por encima de los dos mil millones de pesos, como en Florencia, cifra aún inferior a los cuatro mil millones de pesos de los que se habla en Bucaramanga. O aún más de capitales petroleras como Yopal, donde el tope fijado por Ley para la campaña para alcaldía es de 247 mil millones, de acuerdo con su potencial electoral, pero dicen que les está costando a los aspirantes tres mil millones de pesos.

El premio mayor sigue estando por el lado de la Costa Atlántica, donde a ‘ojo de buen cubero’ hay campañas rondando los cinco mil millones de pesos. El récord está en Sucre donde un funcionario de una campaña dijo a Votebien.com que la campaña a la gobernación está costando seis mil millones de pesos. Por algo este departamento, junto con Magdalena, encabezan la lista de riesgo por cuenta de la financiación, en el Consejo Nacional Electoral.

Aún así es difícil saber realmente cuánto están costando las campañas. La tendencia de muchos candidatos a esconder sus ingresos y gastos reales, y la falta de una legislación clara y exigente frente a la transparencia, hace que la especulación esté a la orden del día.

Trucos para ocultar

En las cuentas oficiales que presentan muchos candidatos no están los aportes en efectivo que entregan a los líderes de base, bien sea para que apoyen su campaña o porque están aspirando a las juntas administradoras locales. En Bogotá, por ejemplo, se dice que los ediles están pidiendo hasta cincuenta millones para apoyar a un candidato al concejo, una cifra muy alta para una campaña que muchos hacen con cinco millones.

Precisamente los gastos de los ediles forman uno de los canales por donde se van los dineros no reportados, y en muchos casos ilícitos. Para las JAL, el tope fijado por Ley es el diez por ciento del gasto permitido a los aspirantes al concejo pero no se deben presentar informes porque no hay reposición de gastos. Así que en las campañas de las JAL no hay control alguno y en algunas localidades esos gastos pueden superar los 60 millones de pesos.

Hay candidatos al Concejo de ciudades capitales que no reciben aportes de algunos donantes y les piden que distribuyan esos recursos entre los candidatos a edil que tienen en su campaña, así un aporte que debería ir a las cuentas del aspirante al Concejo nunca queda registrado. O en otros casos, las listas grandes de Concejo utilizan a uno de los aspirantes con menos opción y sin apoyo económico para registrar el dinero que les llega de más a los primeros de la lista. Así se reparten entre dos hasta cien millones de pesos que gastó uno solo.

El pretexto de muchos candidatos es que sus seguidores les están regalando los eventos. Así hacen muchos de los actos de campaña, con lechonas y grupos musicales gratuitos. Sin embargo, lo regalado no es excusa a la hora de reportar los gastos. Por casos como éste es común escuchar en las poblaciones que los candidatos se ‘volaron el tope’ el día del lanzamiento. En Aguachica, Cesar, se dice que el lanzamiento de una campaña a la Alcaldía costó, mínimo, 100 millones de pesos, pues incluso contrató a un famoso cantante vallenato.

Es de sospechar que algunos de estos gastos excesivos no provienen de donaciones lícitas, y tampoco van a gastos normales, sino que están destinadas a comprar votos, funcionarios, respaldos políticos u otro tipo de fraudes. Pero otro problema grave, que ha sido detectado por la Corporación Transparencia por Colombia es que algunos candidatos no están contabilizando el valor comercial de las donaciones en especie, como debería ser, para no volarse lo topes legales.

En Transparencia han encontrado que la principal fuente de financiación que por sí sola lleva a la violación de los topes es la de gastos por publicidad. Y en ese sentido van muchas de las quejas recibidas de las regiones. Es la forma más sencilla de detectar un gasto excesivo, pues está a la vista de todos. En esta campaña, sin embargo, muchos partidos asumieron la mayor parte de estos gastos de publicidad y no es claro si el candidato deba reportar esos aportes del partido.

Este es uno de los muchos vacíos de la legislación. El ex magistrado del CNE Antonio José Lizarazo asegura que las normas actuales que vigilan la financiación de las campañas tienen debilidades que no permiten claridad sobre la relación de los gastos de los partidos que se destinan a las campañas. No está definido qué le corresponde a los partidos y qué a los candidatos y en algunos casos, incluso, no es claro qué son gastos de campaña.

Lizarazo también explicó que el Fondo de Campañas del CNE, encargado de recibir los informes y ordenar la reposición de gastos, es incapaz de detectar el origen de los gastos de todas las campañas en el tiempo estipulado por la Ley. A quienes no reportan sus gastos les aplican una multa y eso hace que algunos candidatos ni siquiera pasen sus cuentas y prefieran simplemente pagar. Otros entregan información ilegible o incompleta.

Para Transparencia, lo peor es que la ‘captura del Estado comienza con la financiación de las campañas’. Esto quiere decir que si un candidato es financiado por el sector de la salud puede que la entrega posterior de los contratos del sector vaya dirigida a sus financiadores. Por eso la transparencia en la financiación de las campañas es una responsabilidad compartida de beneficiarios y donantes. El sector privado, aunque no está obligado, debería reportar sus donaciones. Si cada empresario dice cuánto dona y a quién es posible tener un nivel de comparación con las cuentas de los candidatos. Igual ocurre con los medios que pueden decir cuál fue el gasto real en publicidad y cuánto fueron los descuentos y sus donaciones. Esto permitiría tener una fuente independiente para evaluar la veracidad de las contabilidades de los candidatos.

Así mismo, si se conocen todas las donaciones legales en una región, quedan en evidencia aquellos candidatos que están gastando a rodos y no han recibido donaciones legales. Se evitaría así una captura del Estado aún más peligrosa: aquella que mediante donaciones de dineros de origen ilícito lograr poner al Estado a trabajar para una causa ilegal. Esa es la que se ha visto en elecciones recientes en muchas regiones del país.

Para las organizaciones que vigilan el financiamiento de campañas, lo importante sería hacer el monitoreo ‘en caliente’. Así se podría detectar desde ahora quiénes están gastando de más y le permitiría a los electores conocer mejor a sus candidatos.

Un primer intento son los Tribunales seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral que tienen la potestad de pedir informes de gastos desde ahora. Los departamentos que encabezan el top de riesgos son Magdalena, Sucre, Córdoba, Cesar y Casanare. Pero también están Chocó, Valle, Bolivar, Atlántico, Arauca, Caquetá, Norte de Santander, Meta, Putumayo y Tolima. A cada uno de ellos lo están visitando los magistrados del CNE para evaluar los gastos de la campaña. También están los compromisos de transparencia, donde los partidos se comprometieron a publicar sus cuentas antes de las elecciones.

Las campañas necesitan recursos y en eso no hay discusión. El problema es que la información sobre esos recursos no sea visible antes de la elección. Y que ante la falta de información, ciudadanos y políticos especulen sobre supuestos gastos multimillonarios, contribuyendo así a camuflar posibles gastos ilegales o escondidos, y a amilanar a aquellos candidatos que no cuenten con esas chequeras aparentemente ilimitadas. Es el mínimo derecho del elector y por ello cualquier acción para denunciar o controlar los gastos excesivos antes del 28 de octubre es un compromiso con el voto libre y conciente.

21/09/2007/ VOTEBIEN.COM