Alianzas
Dime con quién andas...

En estas elecciones, sin pudor alguno, varios candidatos están recibiendo el apoyo de políticos presos por presuntos vínculos con el paramilitarismo, y algunos partidos que los avalan, ni siquiera le han retirado el respaldo a los aspirantes que figuran en la lista de inhabilitados de los organismos de control.

Desde que analistas, investigadores y medios de comunicación llamaron la atención sobre las votaciones atípicas que algunos candidatos en zonas de influencia paramilitar recibieron en 2002 se comenzó a hablar de la ‘parapolítica’. Cuatro años después, en las legislativas de 2006, los paramilitares volvieron a aparecer en escena a pesar de los esfuerzos por blindar las elecciones. Un estudio de la Corporación Nuevo Arco Iris demostró que aunque en 2006 fueron más discretos que en 2002, lograron conservar su influencia. “Una comparación juiciosa entre lo ocurrido en el 2002 y lo ocurrido en el 2006 nos ha permitido concluir que sólo hubo algunas variaciones que, en vez de atenuar el fenómeno, lo profundizaron. Habíamos documentado la elección de 26 senadores en zonas de influencia paramilitar en el 2002 que representaron 1.741.947 votos. En el 2006, estos partidos distribuyeron mejor y más racionalmente la votación, con la cual lograron siete senadores más con unos resultados no muy diferentes a los de 2002. Es decir, en el 2006 aumentaron los senadores casi con la misma votación”, escribieron los analistas de este grupo en un riguroso informe sobre el tema.

Con estos y otros indicios, como el computador de ‘Jorge 40’ y las declaraciones de Rafael García , el hombre de confianza de Jorge Noguera, ex director de DAS, la justicia abrió procesos contra algunos políticos. Las investigaciones comenzaron por la costa Caribe y luego siguieron en Casanare. Terminaron con el arresto de más de una docena de políticos de Sucre, Cesar, Córdoba, Magdalena y Casanare.

La atención puede pasar ahora a otras regiones. La Procuraduría ha enviado copias de investigaciones académicas que escudriñaron la parapolítica a la Corte Suprema de Justicia para que indague sobre los casos de los senadores Manuel Guillermo Mora, del Partido de la U, Carlos Barriga de Convergencia Ciudadana y de Juan Carlos Martínez, también de Convergencia Ciudadana. Martínez es el padrino político del candidato a la gobernación del departamento, Juan Carlos Abadía, que se inscribió por un movimiento independiente y ha sido señalado por sus contrincantes políticos de estarse financiando, supuestamente, con dineros del narcotráfico. Así mismo, la Corte ha iniciado investigación preliminar del líder de Colombia Democrática, Mario Uribe, ponente de la Ley de Justicia y Paz y primo del presidente Uribe. Y la Procuraduría ha empezado una investigación disciplinaria contra Luis Alberto Gil, líder de Convergencia Ciudadana.

Cambio climático

Antes de las inscripciones para las elecciones legislativas de 2006, bastó tener la sombra del paramilitarismo encima para que muchos candidatos fueran vetados por sus partidos. Hoy en cambio, esto no parece ser un problema. Los barones de partidos de todos los colores e ideologías que están presos porque presuntamente se aliaron con los paramilitares para resultar elegidos, siguen moviendo los hilos de la política electoral desde la cárcel. Según lo han constatado investigaciones de organizaciones no gubernamentales y varios relatos periodísticos y testigos, algunos aspirantes a gobernaciones y alcaldías visitan sin pudor a sus jefes políticos en prisión, e incluso admiten abiertamente su cercanía a los políticos investigados. En Sucre se habla del Pacto de la Picota, donde supuestamente se tejieron alianzas entre los parapolíticos y los candidatos clave.

Si bien no es fácil determinar si líderes paramilitares desmovilizados, o aún los que se han reagrupado en nuevos grupos armados emergentes, siguen influyendo tras bambalinas sobre los llamados parapolíticos, ni sobre sus aliados para estas elecciones, el hecho de que no haya ningún reato en admitir cercanías entre candidatos y políticos presos dice mucho del turbio clima ético que impera en algunas regiones en esta campaña. Los candidatos justifican los apoyos de políticos involucrados en tan graves delitos alegando que los unen amistades de vieja data o que deben respetar alianzas anteriores al escándalo de la parapolítica.

Así, Jesús Paternina, candidato a la Alcaldía de Sincelejo por Colombia Viva; y Jorge Carlos Barraza Farak, candidato a la Gobernación de Sucre por el Partido de la U, cuentan con el apoyo de los ex senadores sucreños en la cárcel, Jairo Merlano y Álvaro García. Este último investigado por su supuesta participación en una masacre.

Omar Ricardo Díazgranados, candidato a la Gobernación de Magdalena por el Partido de la U y el ex gobernador José Domingo Dávila, candidato a la Alcaldía de Santa Marta por Convergencia Ciudadana, son respaldados por el ex gobernador Trino Luna, el ex representante Alfonso Campo y el senador Luis Eduardo Vives, todos presos por la parapolítica. Según Hernán Giraldo, el paramilitar de La Sierra Nevada que testificó esta semana, él se reunió con Dávila varias veces. Resulta paradójico que el Partido de la U esté avalando a Dávila, cuando en las elecciones de 2006 expulsó de sus filas a quienes fueron tildados de paramilitares y Juan Manuel Santos, hoy ministro y en ese entonces líder de esa colectividad, no dudó entonces que ‘La U’ “no crecerá de manera desordenada o recogiendo basura para mostrar volumen”.

Arturo Calderón Rivadeneira, candidato a la gobernación de Cesar por el Movimiento Político Independiente Libres es apoyado por el ex senador Álvaro Araujo, el senador Mauricio Pimiento y el ex gobernador Hernando Molina, todos influyentes políticos cesarenses hoy tras las rejas. Calderón fue secretario de Molina en la gobernación y es sobrino de Benjamín Calderón, quien maneja Uniapuestas, el negocio de chance de Enilce López ‘La Gata’, también presa.

En Córdoba, los caciques presos están divididos frente a dos candidatas. Por un lado, los senadores Reginaldo Montes y Juan Manuel López Cabrales, y el representante José de los Santos Negrete apoyan para la gobernación a Marta Sáenz Correa, candidata del Partido Liberal. Y por otro, el ex senador Miguel de la Espriella apoya a Margarita Andrade, de Colombia Democrática.

También está Alfonso López Cossio, candidato a la gobernación de Bolívar por el Partido de la U, quien cuenta con el apoyo de ‘La Gata’ y su hijo, el representante Héctor Julio Alfonso. Senadores como Armando Benedetti y Gina Parody le han pedido al presidente del partido, Carlos García, retirarle el aval a López Cossio, de quien además se dice que recibió el apoyo de los paramilitares en la reunión de Barranco de Loba en 2003. Pero García asegura que no hay pruebas que involucren a López Cossio en delitos.

La duda también está sobre José Luis Pinedo Campo, candidato a la Gobernación del Magdalena por el Partido Cambio Radical. Es hijo de Miguel Pinedo Vidal, el único senador del Magdalena que no ha sido involucrado hasta el momento en la parapolítica. No obstante, según lo aseguró el paramilitar desmovilizado Hernán Giraldo a la justicia, este senador contó con el apoyo de los paramilitares para salir elegido.

Muchos de los candidatos que gozan del respaldo de los políticos presos, pertenecen a Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática y Colombia Viva, tres partidos que en las elecciones pasadas aceptaron candidatos purgados de otras colectividades o tienen a uno o más de sus miembros en la cárcel o investigados.

La lista puede ser mucho más grande y los investigadores están tras ellas. A veces son difíciles de detectar porque la parapolítica es un proceso en constante cambio. En las elecciones locales de 2003, uno de los indicadores de la influencia armada en las campañas, fue el hecho de que se presentaran tantos candidatos únicos, incluso a algunas gobernaciones, como el Cesar y Mgadalena, y a varias alcaldías. Las Auc impidieron a la fuerza que otros que no fueran sus apadrinados, compitieran por estos cargos. Este año sin embargo, hay muy pocos candidatos únicos, apenas once, en todo el país. Ocho de ellos son del Partido Conservador y recibieron su aval en las consultas de julio, en municipios de influencia conservadora. Los otros tres son del Partido Liberal, de la Alianza Social Indígena y de Alas – Equipo Colombia.

Los observadores electorales y analistas han detectado otros síntomas preocupantes de influencias de grupos ilegales en las campañas en Magdalena, Bolívar –sobre todo en Magangué donde, según lo han denunciado aspirantes indpendientes, ‘La Gata’ conserva mucho de su poder-, Los Llanos, Valle –sobre todo en el norte-, Nariño y Norte de Santander –en el Catatumbo.

Duros de sacar

Al cierre de este artículo Convergencia Ciudadana ocupaba el deshonroso primer lugar en la lista de partidos que mantienen a más candidatos inhabilitados en sus listas. En total son 22 los candidatos, en su mayoría a concejos, los que conservan el aval del partido a pesar de que la Procuraduría anunció sus inhabilidades hace varias semanas. En su lista está el candidato a la Asamblea de Cundinamarca, Julio Eduardo Riveros 'Yiyo', quien hace unos días ocupó los titulares de prensa por presuntas irregularidades en contratación cuando fue asesor de la Gobernación de su departamento. Los dirigentes del partido aseguraron que siguen estudiando los casos.

En el ‘ranking’ siguen Colombia Democrática y el Partido Conservador con diez; la Alianza Social Indígena, Apertura Liberal y Afrounincca con seis; el Partido de la U con tres; y el Polo, Verde Opción Centro y Colombia Viva con dos.

Uno de esos candidatos a los que Apertura Liberal se negó a quitarle el aval fue William Pérez, candidato a la gobernación de Casanare. Había sido inhabilitado por manejos irregulares de recursos durante su primera administración en 2001. Contra él llegaron a haber hasta 28 investigaciones penales y 28 quejas disciplinarias por casos que iban desde celebración indebida de contratos hasta vínculos con las AUC. Aun así el partido lo mantuvo en sus filas, con la ilusión de ganar el primer cargo en un departamento que recibe más de 500 mil millones de pesos anuales por concepto de regalías. Pero la fiesta se acabó cuando el Consejo Nacional Electoral le revocó el aval a mediados de septiembre. Pérez quedó fuera de concurso.

Pérez no será el último, según el CNE, que además está por decidir si sanciona a los partidos que no les retiren el aval a los inhabilitados.

Como garantes principales de la democracia, los partidos políticos deberían estar dando ejemplo, y retirando el aval de todo candidato inhabilitado o que pueda estar representando intereses oscuros. Pero si no lo hacen, son los ciudadanos el último filtro que los puede atajar.

* Si conoce pruebas sobre posible infiltración de grupos armados ilegales o de dineros oscuros en la política, conviértase en un Ciberciudadano y denuncielos aquí

09/21/2007 VOTEBIEN.COM