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Acabar el clientelismo... en la medida de lo posible
Por Gustavo Duncan
Cuando uno aterriza en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, hay una imagen que captura más la atención que las murallas del centro histórico y los lujosos edificios de Bocagrande. Son los cinturones de miseria que bordean las laderas del Cerro de la Popa y la Cienaga de la Virgen, Decenas de miles de casuchas, techos de zinc, paredes de cartones y tablas, niños desnudos jugando en barrizales de aguas podridas nos abstraen a un paisaje subsahariano.
Al igual que muchos colombianos de clases acomodadas, consideraba que la causa de semejante miseria era una clase política clientelista que abusaban de las necesidades de muchos para hacerse a sus votos a punta de tejas de zinc, botellas de las licoreras departamentales y manejo discrecional de subsidios y cupos escolares. Pero al día de hoy, mi percepción sobre el papel y la culpa del clientelismo ha cambiado mucho. No porque no considere que muestra clase política sea en extremo corrupta –he oído de casos tan grotescos como el de un Alcalde que se robó hasta los pisos de mármol de su despacho–, sino porque el clientelismo ha cumplido una función clave en la canalización de servicios y bienes básicos a los más pobres. Desde mediados del siglo XX, cuando el Estado colombiano contó con mayores recursos para mejorar las condiciones sociales de sus habitantes, el intercambio de votos por inversiones en las clientelas fue una herramienta que mal que bien logró cumplir su función: una reducción significativa en las tasas de pobreza.
Y, más importante aun, porque reducir las causas del clientelismo a la falta de escrúpulos y de ética de la clase política, además de simplista e inexacto, distrae la atención acerca de toda la serie de factores estructurales que lo explican y de las potenciales reformas que habría que hacer para evitarlas. Para que exista el clientelismo no basta con la existencia de una figura de poder como un cacique electoral, patrón paramilitar, comandante guerrillero o simplemente un típico político corrupto. Es necesario que exista una gran proporción de la población con ingresos insuficientes para acceder a bienes y servicios elementales, escasa conciencia de sus derechos frente al Estado y desconocimiento de los canales institucionales para tramitar el acceso a dichos bienes y servicios. De igual modo, es necesario que no exista una burocracia que por su eficiencia administrativa cubra las necesidades de esa población de manera impersonal y universal. Sólo en esos escenarios sociales la demanda por algún tipo de mediación clientelista por políticos corruptos tiene sentido. La lógica es simple y perversa: sólo cuando la población es muy pobre para adquirir bienes y servicios básicos por sus propios medios, está dispuesta a votar por algún político que a través de su mediación logre obtener algo de beneficio que mejore su situación. Pero la función mediadora del político solo es factible si la población no tiene modo de llegar por su cuenta al Estado, por lo que cuando la comunidad es conciente de sus derechos y la burocracia que administra los bienes y servicios públicos los hace llegar sin necesidad de mediación, su labor es innecesaria.
Son muchos los escenarios del país, como las laderas de la Popa y la orilla de la Cienaga de la Virgen, donde las condiciones que determinan la necesidad de mediación continúan vigentes. Y al día de hoy el clientelismo representa un sobrecosto infame para aquellas inversiones destinadas a mejorar la infraestructura social del país. Todavía peor, las relaciones clientelistas han sido utilizadas por guerrillas y paramilitares para ampliar su control territorial. Pero la solución a tal situación, como se ha señalado, no depende solamente de castigar la corrupción de la clase política. Eso no es suficiente. Son también condiciones de éxito, al menos, la creación de un sector productivo que irrigue suficientes ingresos a las clases marginadas a través del mercado laboral, la construcción un aparato burocrático que provea de bienes y servicios básicos de manera impersonal y eficiente, y el surgimiento de una conciencia de derechos ciudadanos. Por supuesto, estos propósitos tomarán mucho tiempo y recursos, pero no existen atajos posibles en los procesos de construcción de sociedades modernas.
De momento, si fuera posible castigar en su totalidad a los políticos corruptos y se acabara la mediación clientelista sin realizar todas las otras series de reformas señaladas, lo único que se lograría es acabar con la provisión de servicios y bienes que los políticos distribuyen durante las campañas. Cuando los aviones aterricen en Cartagena veríamos entonces que las casuchas de tablas y cartón se habrían quedado sin techos, porque las tejas de zinc de estas viviendas son la parte del intercambio clientelista que proveen los políticos durante las elecciones.
